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Es la privación de la propiedad que realiza el gobierno cuando existe  una causa justificada de utilidad pública, y se ha indemnizado al dueño.

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El Estado es el único con facultad para expropiar. Es decir, el gobierno estatal, ya sea directamente o delegándola a una entidad, instrumentalidad, agencia o funcionario público.

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Por regla general, uso público se define de manera flexible y se relaciona con objetivos del bien social, o como sinónimo de beneficio público. El tribunal puede entender que existe un fin público aunque no toda una comunidad reciba el beneficio de la expropiación. Igualmente, el hecho de que entidades privadas se beneficien de la obra de gobierno, no le quita el carácter público a la expropiación.

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Una corporación nace mediante la radicación de un certificado de incorporación ante el Departamento de Estado. Este proceso es relativamente sencillo.

Una vez se elige el nombre y el tipo de corporación (sin fines de lucro, con fines de lucro, o trabajadores dueños), se deberá completar el certificado de incorporación. Este contiene información sobre el nombre de la misma, dirección, agente residente, propósito, nombre de los incorporadores, término de existencia, entre otros datos.

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Los derechos humanos son derechos fundamentales de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

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Son aquellos derechos humanos que están recogidos en las leyes o constituciones de los Estados.

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Es el proceso por el cual una persona retiene a otra con la intención de explotarla. Las víctimas son amenazadas y en ocasiones se llega a emplear el uso de fuerza, coacción, abducción, fraude o engaño para controlarlas. Los traficantes se aprovechan de su estatus social o económico para ejercer poder sobre ellas. Generalmente la víctima es controlada y mantenida en cautiverio en contra de su voluntad.

1. Explotación sexual forzada
2. Matrimonios forzados y/o serviles
3. Extracción de órganos
4. Trabajos forzados en régimen de esclavitud

Es la persona o personas que venden, engañan o esclavizan a su víctima. Puede ser cualquier persona, como por ejemplo un familiar, conocido, desconocido, amiga o amigo, cónyuge, etc. Inclusive, alguien a quien acabas de conocer para que te lleve a algún lugar.

Si es una persona se le conoce como “captor”.  Si son más personas las que están involucradas en la trata humana, se les conoce como “red de traficantes o red de trata de personas”.

Todo niño o niña desde que nace hasta que cumple 22, años tiene derecho a recibir servicios de educación especial si tiene una o más condiciones que le afecten su desempeño educativo. Educación Especial se refiere a los servicios educativos diseñados para niños y niñas con diversidad funcional.  Estos servicios pueden ser académicos, vocacionales y de educación física. También incluye servicios de apoyo como terapias, transportación, asistencia tecnológica y asistentes de servicios.

1. Identificar: el Departamento de Educación debe identificar a aquellos niños o jóvenes en escuelas públicas o privadas que presenten problemas en su aprendizaje y deban ser referidos al Programa de Educación Especial.
2. Registrar: inscribirles en el Programa de Educación Especial
3. Evaluar: hacer las evaluaciones necesarias para saber si cualifica para el Programa de Educación Especial. Estas deben discutirse con las personas encargadas del menor.
4. Determinar elegibilidad: a base de la evaluación inicial, concluir si el niño o la niña es elegible para recibir servicios. Si las personas encargadas no están de acuerdo con la evaluación pueden no aceptarla.
5. Preparar un Programa Educativo Individualizado (PEI)
6. Ubicar: ofrecer a los estudiantes servicios educativos y relacionados de acuerdo a sus necesidades e integrarles lo más posible a la corriente regular o al ambiente menos restrictivo.

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El Programa Educativo Individualizado (PEI) es el documento individual que se le prepara al niño o niña con necesidades especiales luego de que se cualifica para recibir los servicios de educación especial.  Es una especie de contrato entre el Departamento de Educación y las personas encargadas.

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Las personas encargadas de un menor que no estén de acuerdo con los servicios educativos que el Departamento de Educación le está ofreciendo a sus hijos o hijas tienen derecho a presentar una querella administrativa. Estas son las razones para presentarla:

1. Que se niegue a registrar al niño, niña o joven;
2. Cuando no se hace la evaluación dentro de los 30 días siguientes al registro
3. Cuando cuestionan la evaluación hecha por el DE y la agencia se niega a una evaluación independiente
4. Cuando le niegan los servicios de remedio provisional aunque cumple con los requisitos
5. Cuando los servicios por Remedio Provisional cesan, no se renueva contrato y la agencia educativa no provee los servicios necesarios.
6. Cuando el DE no garantiza la presencia en la reunión del PEI de especialistas que las personas encargadas han solicitado porque entienden como necesaria
7. Cuando el Departamento de Educación viola los acuerdos contenidos en el PEI
8. Cuando la ubicación no responde a las necesidades del menor.

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La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres y madres sobre sus hijos o hijas, así como sobre los bienes que le pertenecen a esos hijos. Para que exista patria potestad, los hijos o hijas tienen que ser menores y no estar emancipados.

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Es el control físico que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad.

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Cuando el padre o la madre no residen con el menor de edad, viene obligado a proveer una pensión alimentaria.  Esta incluye todo lo necesario para sufragar las necesidades del menor como son: vestimenta, alimentos, cuidados de salud, vivienda, educación, recreación, transportación y otros.

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La pensión alimentaria se establece de acuerdo con lo establecido en las Guías para calcular las pensiones alimentarias en Puerto Rico.  Para calcular la pensión alimentaria se considera, factores como: el ingreso neto de las partes, la edad del menor a favor de quien se solicita la pensión, los gastos de vivienda, de cuido, de educación y los gastos por concepto de salud.

La emancipación es el evento o acto mediante el cual se llega a la mayoridad o adultez legal.  Es  el final de la patria potestad o de la tutela sobre una persona menor de edad, para que esta pueda hacer decisiones sobre sí y sus bienes.

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La emancipación se obtiene de una de estas formas:

1. al alcanzar la mayoría de edad (21 años en Puerto Rico);
2. por concesión del padre o de la madre que tenga la patria potestad;
3. por concesión de un Tribunal; o
4. por contraer matrimonio.

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Es un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de otra; para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro, o para causarle grave daño emocional.

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Cualquier persona que haya sido víctima de violencia doméstica, o de conducta constitutiva de delito según tipificado en la Ley 54 o en el Código Penal de Puerto Rico o en cualquier otra ley especial, en el contexto de una relación de pareja.

Puede radicarla la persona perjudicada, algún representante legal o un agente del orden público. El patrono puede solicitar una orden de protección a favor del/de la sobreviviente con el propósito de proteger a la víctima y al personal del centro de trabajo.

No es necesario presentar cargos criminales para obtenerla.

Es un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de otra; para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro, o para causarle grave daño emocional.

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Se presenta una Petición de Orden de Protección en el Tribunal Municipal o en la Sala Especializada de Violencia Doméstica.  Es libre de costo.

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Falta es la palabra que se utiliza en la Ley de Menores como equivalente a delito. Una falta es cualquier conducta prohibida por la ley que, en el caso de un adulto, se considera delito.

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Hay tres:

1. Clase I: son las infracciones o las tentativas de infracción que, de ser cometidas por un adulto, constituirían delito menos grave. Por ejemplo: agresión simple, amenaza, penetrar en las escuelas sin estar autorizado y otras.
2. Clase II: son las infracciones o las tentativas de infracción que, de ser cometidas por un adulto, constituirían delito grave, con excepción de las que se clasifican en la categoría III.
3. Clase III: son ciertas infracciones o tentativas de infracción que, en el caso de adultos, constituyen delitos de extrema gravedad. Específicamente se incluyen: asesinato que no se haya cometido mediando deliberación y premeditación, homicidio, agresión agravada en su modalidad grave, violación, robo, distribución de sustancias controladas, incendio agravado, restricción ilegal de la libertad, secuestro, mutilación, incesto, sodomía, robo de menores, estragos, escalamientos y apropiación ilegal en la modalidad de hurto de vehículos.

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En los casos del sistema de justicia juvenil,  una persona se considera menor de edad hasta que cumple 18 años.  Esto significa que si comete una conducta prohibida antes de haber cumplido 18 años, su caso se verá ante la Sala de Menores del Tribunal de Primera Instancia.

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Es el uso impropio del dinero, de la propiedad o de los recursos de un adulto por otro individuo, incluyendo fraude, falsas pretensiones, malversación de fondos, conspiración, falsificación de documentos, falsificación de récords, coerción, transferencia de propiedad o negación de acceso a bienes y otros.

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1. Solicite una Orden de Protección por Ley Núm. 121 de 1986 en el Sistema de Tribunales de Puerto Rico.
2. Informe a su proveedor de servicios financieros o de seguros para que levante un alerta y cumpla con el Reglamento correspondiente, según establecido por la Ley Núm. 206 del 2008.
3. Realice una querella en la Policía de Puerto Rico.

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Sí.  Cualquier persona de edad avanzada que haya sido víctima de maltrato pueda solicitar por sí misma, por medio de un abogado o abogada o un policía, una orden de protección en el tribunal sin tener que antes radicar una denuncia o acusación.

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La ley protege a las personas de edad avanzada de maltrato físico, mental o psicológico, hostigamiento, coacción, intimidación, daño emocional y de otros delitos.

La “Declaración previa de voluntad sobre tratamiento médico” o directrices anticipadas es un documento mediante el cual las personas mayores de 21 años en pleno uso de sus facultades mentales deciden anticipadamente si quieren o no ser sometidas a tratamiento médico en caso de sufrir en el futuro de alguna condición de salud terminal o de estado vegetativo persistente.

La declaración se debe entregar a su médico o a la institución de servicios de salud que le esté prestando servicios.

Esta declaración deberá ser juramentada ante notario público o ante persona autorizada a autenticar firma en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. También la puede hacer ante un médico y dos testigos que no sean sus herederos ni participen directamente de su cuidado.

Si posteriormente quiere cambiar la declaración, deberá hacer otra de la misma forma que otorgó la primera.

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El poder duradero es un mandato mediante el cual una persona que no tenga sus facultades mentales afectadas autoriza a la persona de su predilección para que lo represente o administre sus bienes muebles o inmuebles aun después de que se incapacite mentalmente. Cuando una persona otorga un poder duradero tiene que hacerlo constar así. Es decir, al otorgarlo debe especificar que es uno “duradero”.

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La tutela es la responsabilidad que asume una persona cuando otra persona no puede cuidarse a sí misma o administrar sus bienes.

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Los siguientes tipos:

1. Menores de edad sin emancipar
2. Locos o dementes (incapaces mentalmente) y sordos que no puedan comunicarse de manera alguna
3. Pródigos o ebrios habituales
4. Adictos a drogas declarados por sentencia final y firme

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Cuando el acreedor (banco o institución financiera) radica una demanda en cobro de dinero y solicita la ejecución de la propiedad al decretar vencida la deuda, una vez han transcurrido al menos 120 días del impago.

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El acreedor de un préstamo hipotecario en atrasos debe ofrecerle al deudor la alternativa de mitigación de pérdidas (loss mitigation). Solo al culminar el proceso en su totalidad y cuando el deudor conozca si cualifica para esta alternativa, entonces el acreedor podrá comenzar un proceso legal ante los tribunales de Puerto Rico y radicar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca.

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Es un tipo especial de préstamo hipotecario disponible para los propietarios de vivienda con 62 años de edad o más.  Está asegurado por la FHA (Administración de Vivienda Federal).  En este se recibe una suma de dinero por el valor acumulado de la propiedad sin tener que venderla, alquilarla o hacer pagos mensuales.

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Es una protección para su vivienda contra el embargo, sentencia o ejecución ejercitada para el pago de algunas deudas. La residencia principal de la familia constituye hogar seguro, no importa el valor de la propiedad. Cada persona tiene derecho a inscribir una sola propiedad como su hogar seguro.

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No. Lo único que usted necesita es llenar una certificación, que encontrará pulsando aquí. En dicha certificación usted dará fe de sus circunstancias personales y afirmará, bajo pena de perjurio, que lo que certifica es totalmente cierto y que usted cualifica para vivienda pública o Plan 8.

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No. Hasta hace poco, hacía falta hacer una declaración jurada cada vez que renovara su contrato para obtener vivienda pública. Sin embargo, el Departamento de Vivienda federal (HUD) recientemente eliminó ese requisito. Ahora lo que hace falta para la renovación de contrato es cumplimentar una certificación (PDF inferior)

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